Toque de queda

El toque de queda es una medida excepcional que prohíbe o restringe la circulación de las personas por la vía pública durante determinadas horas, normalmente nocturnas, y en un territorio concreto. Las autoridades lo han empleado ante guerras, disturbios, desastres naturales o crisis sanitarias, con el fin de proteger el orden público o la salud de la población, a costa de limitar temporalmente un derecho fundamental: la libertad de circulación.

¿Qué es un toque de queda?

Se trata de una orden de la autoridad por la que, entre una hora y otra, las personas deben permanecer en sus domicilios o en lugares autorizados, salvo excepciones (trabajo, urgencias médicas, cuidado de personas dependientes, fuerzas de seguridad, servicios esenciales). Su incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas o penales, según el país y la gravedad de la situación.

La expresión castellana procede de la costumbre medieval de «tocar a queda»: una campana que avisaba de que había que apagar los fuegos y recogerse. Es equivalente al francés couvre-feu («cubrir el fuego»), del que deriva el inglés curfew. La tradición atribuye a Guillermo el Conquistador su implantación en Inglaterra en el siglo XI, aunque su alcance real es discutido. El objetivo original era evitar incendios en ciudades de casas de madera y mantener el control nocturno.

¿Para qué se utiliza?

• Orden público: contener disturbios, saqueos o violencia en una ciudad o barrio.
• Conflictos armados y ocupación: limitar los movimientos de la población civil y de posibles insurgentes.
• Catástrofes naturales: facilitar las labores de rescate y evitar saqueos tras un huracán o terremoto.
• Salud pública: reducir contactos y contagios durante una epidemia, como ocurrió con la COVID-19.
• Medidas juveniles locales: en algunos países y ciudades se prohíbe a los menores estar solos en la calle por la noche, con fines de protección y prevención de la delincuencia.

Ejemplos históricos

El toque de queda ha aparecido a lo largo de la historia en contextos muy distintos: en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial; en ciudades estadounidenses durante disturbios urbanos, como los de Los Ángeles en 1965 y 1992; en regímenes militares que lo impusieron tras golpes de Estado, como el de Chile en 1973, donde estuvo vigente durante años en distintas formas; o en numerosos países africanos y de Oriente Próximo durante crisis políticas. Durante 2020 y 2021, numerosos países, entre ellos varios europeos como España, Francia o Italia, recurrieron a restricciones nocturnas o a confinamientos para frenar la pandemia de COVID-19.

El toque de queda en España

La Constitución de 1978 reconoce el derecho a circular libremente (artículo 19) y regula en el artículo 116 los tres estados excepcionales: alarma, excepción y sitio. La Ley Orgánica 4/1981 desarrolla cada uno de ellos. El estado de alarma, que puede declarar el Gobierno ante catástrofes, crisis sanitarias o paralización de servicios esenciales, permite, entre otras medidas, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados.

Esta posibilidad se aplicó durante la pandemia. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el primer estado de alarma, con una limitación general de la libertad de circulación (confinamiento domiciliario). Posteriormente, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró un nuevo estado de alarma en el que se estableció una limitación de la libertad de circulación en horario nocturno, que cada comunidad autónoma podía fijar dentro de un margen horario. En su sentencia 148/2021, el Tribunal Constitucional examinó el primer decreto y consideró que algunas de sus restricciones, en especial el confinamiento general, excedían lo permitido en un estado de alarma, lo que dio lugar a un debate jurídico sobre los límites de esta figura.

Garantías y límites

Para que un toque de queda sea legítimo en un Estado de derecho, la doctrina jurídica y los tratados internacionales exigen, en general:

1. Base legal clara y declaración por la autoridad competente.
2. Finalidad legítima y proporcionalidad: la medida debe ser necesaria, adecuada y no ir más allá de lo imprescindible.
3. Duración limitada y control parlamentario y judicial.
4. Excepciones para trabajo, salud y emergencias.
5. No discriminación en su aplicación.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos admite restringir algunos derechos en situaciones de emergencia, siempre dentro de límites estrictos. Los críticos advierten del riesgo de abusos, de desproporción en el uso de la fuerza y de que, en algunos regímenes, se use para reprimir la protesta.

Efectividad y debate

La eficacia depende del objetivo. En crisis sanitarias, los estudios sobre su efecto en los contagios no son concluyentes y varían según el contexto y el momento. En materia de seguridad, los resultados también son mixtos y están sujetos a debate: sus defensores destacan la facilidad de control y disuasión; sus críticos, el coste sobre la actividad económica, la salud mental y los derechos. Para ampliar, véanse estado de alarma, estado de excepción, libertad de circulación, orden público y derechos fundamentales.

Preguntas frecuentes

Referencias

• Constitución Española de 1978, artículos 19 y 116.
• Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
• Tribunal Constitucional (2021). Sentencia 148/2021, de 14 de julio.
• Agamben, G. (2003). Estado de excepción. Pre-Textos.