Funcionario público

Un funcionario público es una persona que trabaja para una administración del Estado y ejerce funciones de interés general: desde atender en un ayuntamiento hasta enseñar en un colegio público, tramitar una prestación o inspeccionar una obra. Su relación con la administración no es la de un empleo corriente, sino que se rige por normas propias pensadas para garantizar la objetividad, la estabilidad y el servicio a los ciudadanos.

¿Qué es un funcionario público?

En el derecho administrativo español, el funcionario público (o funcionario de carrera) es la persona nombrada legalmente para desempeñar servicios profesionales retribuidos y de carácter permanente en una administración pública, sometida a un régimen estatutario regulado por el derecho administrativo. Así lo define el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).

La palabra «funcionario» procede de «función», del latín functio (ejecución, cumplimiento de un deber): alude a quien desempeña una función pública. Y «público», del latín publicus, a lo que pertenece al pueblo o a la comunidad. Es un concepto ligado a la idea de administración pública y de Estado moderno, cuyo modelo burocrático profesional describió Max Weber a comienzos del siglo XX: cargos con competencias definidas, jerarquía, normas escritas y selección por mérito.

Funcionario público y empleado público: no son lo mismo

El TREBEP utiliza el término más amplio empleado público, que engloba a todas las personas que trabajan para una administración. Se distinguen cuatro categorías:

En el lenguaje cotidiano se llama «funcionarios» a todos ellos, pero jurídicamente solo lo son los dos primeros grupos.

Funciones de los funcionarios públicos

Dependen del cuerpo y de la administración en que trabajen, pero en conjunto incluyen:

• Prestar servicios públicos: docencia, sanidad, atención social, servicios municipales.
• Aplicar las leyes y tramitar procedimientos: licencias, ayudas, registros, impuestos.
• Velar por el orden y la seguridad: fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, bomberos.
• Asesorar y apoyar la toma de decisiones de los responsables políticos con informes técnicos y jurídicos.
• Gestionar y controlar recursos públicos: contratación, intervención y auditoría.
• Administrar justicia en sentido amplio: jueces y magistrados, fiscales y personal de la administración de justicia.

Cómo se accede a la función pública en España

La Constitución española establece en sus artículos 23.2 y 103.3 que el acceso a la función pública se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad. De ahí que el sistema habitual sea la oposición, aunque también existen otros procedimientos.

Requisitos generales

Según el TREBEP (art. 56), con las especificidades de cada convocatoria, suele pedirse:

• Tener la nacionalidad española o la de otro Estado en los supuestos que prevé la ley (por ejemplo, ciudadanía de la Unión Europea en puestos que no impliquen ejercicio de autoridad).
• Haber cumplido 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
• Poseer la capacidad funcional necesaria para las tareas del puesto.
• No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni estar inhabilitado.
• Poseer la titulación exigida para el cuerpo o escala.

Grupos de clasificación

Los cuerpos y escalas se agrupan según la titulación requerida: A1 y A2 (título universitario de grado, con A1 para las funciones de mayor responsabilidad técnica), B (técnico superior), C1 (bachiller o técnico) y C2 (graduado en ESO). Además existen las agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

Sistemas de selección

• Oposición: una o varias pruebas de conocimientos y aptitudes, a menudo teóricas y prácticas.
• Concurso-oposición: a la oposición se suma una fase de valoración de méritos (experiencia, formación).
• Concurso: valoración exclusiva de méritos, excepcional para el ingreso.

Tras superar el proceso, la persona aspirante suele realizar un periodo de prácticas o curso selectivo y, finalmente, toma posesión de su plaza.

Derechos y deberes

Entre sus derechos destacan la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, la carrera profesional y promoción interna, una retribución adecuada, la formación continua, la libertad de asociación sindical y la negociación colectiva.

Sus deberes se recogen en el código de conducta del TREBEP, que exige actuar con objetividad, imparcialidad, integridad, neutralidad, transparencia, dedicación al servicio público y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Si los incumplen, pueden ser sancionados mediante un régimen disciplinario con faltas leves, graves y muy graves.

En el ámbito penal, el Código Penal (art. 24) emplea un concepto más amplio: considera funcionario público a quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, aunque no sea funcionario de carrera.

Importancia de la función pública

• Continuidad del servicio: la estabilidad evita que los servicios dependan de cada cambio de gobierno.
• Imparcialidad: la selección por mérito y la independencia respecto al poder político protegen los derechos de la ciudadanía.
• Conocimiento acumulado: la experiencia de los cuerpos técnicos sostiene el funcionamiento de las instituciones.

Sus críticos señalan riesgos como la rigidez burocrática o la dificultad para reorganizar plantillas, por lo que las reformas de la administración buscan equilibrar estabilidad, eficiencia y evaluación del desempeño.

Preguntas frecuentes

Referencias

• España. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• España. Constitución Española de 1978, artículos 23.2 y 103.3.
• España. Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, artículo 24.
• Weber, M. (1922). Economía y sociedad, capítulo sobre la dominación burocrática.