Derecho administrativo

El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y el funcionamiento de las Administraciones públicas, la forma en que ejercen sus potestades y las relaciones que mantienen con los ciudadanos. Cuando se solicita una licencia, se paga una multa, se participa en una oposición o se reclama por un daño causado por un servicio público, se aplica derecho administrativo. Es, por tanto, la rama que más cotidianamente toca la vida de las personas.

¿Qué es el derecho administrativo?

Es el conjunto de normas y principios que disciplinan a la Administración pública como organización y como actividad. Su característica distintiva es que la Administración actúa en una posición especial: sirve a los intereses generales (art. 103.1 de la Constitución) y, para ello, dispone de potestades que los particulares no tienen, como dictar actos de obligado cumplimiento, sancionar o expropiar. A cambio, queda sometida a la ley y al Derecho y a un control judicial pleno. Esa tensión entre prerrogativas y garantías es el eje de la disciplina.

Pertenece al derecho público, frente al derecho privado, y se relaciona estrechamente con el derecho constitucional, del que recibe sus principios, y con otras ramas como el financiero y el tributario.

Origen y evolución

Surge con el Estado liberal de derecho, tras la Revolución Francesa, cuando se somete el poder del Estado a la ley y se separan los poderes. Francia crea un sistema propio con el Consejo de Estado como órgano que controla a la Administración, y ese modelo, el de la llamada «Administración con derecho propio», es el que inspira al derecho continental, incluido el español. En España se consolida a lo largo del siglo XIX y adquiere su forma actual con la Constitución de 1978, que sitúa a la Administración bajo el principio de legalidad y la sujeta al control de los tribunales (art. 106).

Principios constitucionales

El artículo 103 de la Constitución establece que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. A ello se añaden los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3), la seguridad jurídica y la responsabilidad de la Administración (art. 106.2), que obliga a indemnizar a quien sufre una lesión en sus bienes y derechos causada por el funcionamiento de los servicios públicos.

Contenido: qué estudia

Organización administrativa

Analiza las distintas Administraciones: la General del Estado, las de las comunidades autónomas, la local (ayuntamientos y diputaciones) y la institucional (organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales), con sus órganos, competencias y relaciones. Su regulación básica se encuentra en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Actividad administrativa

Estudia las formas en que actúa la Administración: dictar actos administrativos y reglamentos, celebrar contratos públicos (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), prestar servicios públicos, limitar derechos mediante licencias y autorizaciones, sancionar, expropiar (expropiación) o fomentar actividades con subvenciones.

Procedimiento administrativo

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, fija las reglas para que la Administración forme su voluntad: derechos de los interesados, plazos, notificaciones, silencio administrativo, trámites electrónicos y recursos.

Control y responsabilidad

Comprende los recursos administrativos, el control por la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998), el control del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, y la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Función pública y bienes públicos

Incluye el régimen de los empleados públicos (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) y el de los bienes de dominio público y patrimoniales de las Administraciones.

Fuentes

• La Constitución y las leyes, estatales y autonómicas, que ocupan la cúspide del sistema.
• Los reglamentos, aprobados por el Gobierno y las Administraciones, siempre subordinados a la ley (decreto).
• Los principios generales del derecho y, de forma secundaria, la costumbre.
• La jurisprudencia, que complementa el ordenamiento al interpretar y aplicar las normas.
• El derecho de la Unión Europea, con primacía en las materias de su competencia.

Diferencias con otras ramas

A diferencia del derecho civil, donde las partes están en plano de igualdad, en el administrativo una de las partes ejerce poder público. Frente al derecho penal, no persigue delitos sino que regula el funcionamiento ordinario de la Administración, aunque puede imponer sanciones administrativas con garantías similares (legalidad, tipicidad, presunción de inocencia).

Importancia

El derecho administrativo es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden exigir que el poder público se someta a reglas y rinda cuentas. Garantiza la igualdad en el acceso a los empleos y servicios públicos, la transparencia (Ley 19/2013), el derecho a una buena administración y la posibilidad de impugnar sus decisiones. Esta información es de carácter general y no sustituye el asesoramiento de un abogado.

Relacionados: Estado de derecho, ley y ordenamiento jurídico.

Preguntas frecuentes

Referencias

• García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Civitas.
• Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos.
• Constitución Española de 1978, artículos 9, 103 y 106.

Cómo citar este artículo

Equipo de Conceptualia. (2026). «Derecho administrativo». Conceptualia. https://conceptualia.es/ciencias-sociales/derecho/derecho-administrativo/

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