Ciudadano

Un ciudadano es una persona que pertenece a una comunidad política, normalmente un Estado, y que por ello es titular de derechos y está sometida a deberes frente a esa comunidad. Más que una simple etiqueta administrativa, la ciudadanía expresa una relación de pertenencia, participación e igualdad ante la ley que ha cambiado mucho desde la polis griega hasta las democracias actuales.

¿Qué es un ciudadano?

En sentido jurídico, ciudadano es quien tiene reconocida la condición de miembro pleno de un Estado: puede participar en su vida política, disfruta de la protección de sus leyes y debe cumplir las obligaciones que estas imponen. En sentido sociológico y político, el término se amplía: ciudadano es también quien se implica en los asuntos comunes, más allá de lo que marque su pasaporte.

La palabra procede del latín civitas (ciudad, comunidad de ciudadanos) y pasó al castellano a través de «ciudad». Esa raíz recuerda que, históricamente, ser ciudadano era ser miembro de una ciudad y no solo súbdito de un soberano.

Evolución histórica de la ciudadanía

Grecia y Roma

En la Atenas clásica, Aristóteles definía al ciudadano como quien participa en la administración de justicia y en el gobierno. Era un estatus restringido: excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. En Roma, la ciudadanía (civitas romana) daba derechos jurídicos y políticos y se fue ampliando poco a poco a otros pueblos; en el año 212 el edicto de Caracalla la extendió a la mayoría de los habitantes libres del Imperio.

De súbdito a ciudadano

Durante la Edad Media y el Antiguo Régimen predominó la figura del súbdito, vinculado a un señor o a un monarca. La Revolución francesa lo cambió: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclamó que los individuos nacen libres e iguales en derechos y que la soberanía reside en la nación. En España, la Constitución de Cádiz de 1812 introdujo por primera vez el concepto moderno de ciudadanía, aunque con restricciones importantes.

Ampliación de derechos

Los siglos XIX y XX fueron de ampliación progresiva: el sufragio dejó de depender de la riqueza y del sexo, se abolió la esclavitud y se reconocieron derechos laborales y sociales. Hoy, tras la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se entiende que determinados derechos corresponden a toda persona, sea o no ciudadana de un Estado.

Las tres dimensiones de la ciudadanía

El sociólogo británico T. H. Marshall, en Ciudadanía y clase social (1950), propuso distinguir tres elementos que se fueron desarrollando históricamente:

Ciudadanía y nacionalidad

Aunque a menudo se usan como sinónimos, no son lo mismo. La nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un Estado; la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que ese vínculo conlleva, en especial los políticos. En España, la nacionalidad se regula en el Código Civil (arts. 17 y siguientes) y la Constitución de 1978 remite a la ley su adquisición (art. 11). Existen personas con nacionalidad que no pueden votar (por ejemplo, menores de edad) y residentes extranjeros que gozan de muchos derechos sin ser nacionales.

Desde el Tratado de Maastricht (1992) existe además la ciudadanía de la Unión Europea, que se suma a la nacional y concede derechos como la libre circulación y residencia en los Estados miembros o el voto en elecciones municipales y europeas en el país de residencia.

Derechos y deberes del ciudadano

• Derechos: igualdad ante la ley, libertad ideológica y de expresión, participación política, educación, protección de la salud, tutela judicial efectiva.
• Deberes: cumplir las leyes, contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante los impuestos, respetar los derechos de los demás y, en su caso, colaborar con la justicia o con servicios de interés común.

La Constitución española recoge estos derechos y deberes en su Título I (arts. 10 a 55).

Ciudadanía activa

Un debate central es si basta con tener derechos o si la ciudadanía exige además participar. La tradición liberal enfatiza la protección de la esfera privada del individuo frente al poder. La tradición republicana subraya la virtud cívica y la implicación en lo público. Y las corrientes comunitaristas destacan los lazos de pertenencia. En la práctica, la ciudadanía activa incluye votar, pero también el asociacionismo, el voluntariado, la participación en consultas públicas o el control del poder mediante la información y la crítica.

Retos actuales

• Migración: la convivencia de residentes con y sin plenos derechos políticos plantea preguntas sobre quién debe poder votar y cómo se accede a la nacionalidad.
• Globalización: algunos autores hablan de una ciudadanía cosmopolita, mientras que otros defienden que los derechos solo pueden garantizarse eficazmente dentro de los Estados.
• Entorno digital: la identidad, la privacidad y la participación en línea ponen en cuestión los modelos tradicionales.
• Desafección política: la baja confianza en las instituciones y la abstención preocupan a muchas democracias.

Para entender mejor el marco, conviene repasar los conceptos de Estado, democracia, nacionalidad y derechos humanos.

Preguntas frecuentes

Referencias

• Marshall, T. H. Ciudadanía y clase social (1950). Madrid: Alianza, edición de 1998.
• Aristóteles. Política, libro III, sobre la definición del ciudadano.
• Kymlicka, W. y Norman, W. «El retorno del ciudadano: una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía», La Política, 3 (1997).
• Constitución Española de 1978, Título I: De los derechos y deberes fundamentales.